El juicio monitorio: vía rápida y eficaz para el cobro de las deudas

En muchas ocasiones los acreedores acaban desistiendo al cobro de una deuda pendiente, especialmente aquellos de poca cuantía, debido a la complejidad que les supone tener que acudir a la vía judicial. Para hacer frente a estos supuestos hay que tener en cuenta el procedimiento monitorio que recoge la Ley de Enjuiciamiento Civil (en los artículos 812 al 818).

El juicio monitorio es un procedimiento judicial especial donde podrá acudir quien pretenda el pago de una deuda dineraria de cualquier importe, líquido, determinado y exigible, siempre que se cumplan con los requisitos que establece la propia ley.

Así pues, en muchas ocasiones puede ser interesante empezar directamente con un juicio monitorio, en vez de presentar una demanda. ¿Por qué es interesante?

Una de las principales claves del monitorio, aparte de tener que satisfacer menos exigencias y requisitos formales, es su procedimiento. En primer lugar, se formula la petición inicial, y, a continuación, en caso de que se admita la petición, se formula un requerimiento de pago al deudor en un plazo de 20 días. En este punto es donde coge importancia el procedimiento monitorio, y es que si el deudor no comparece, automáticamente obtiene un título ejecutivo con valor de cosa juzgada, llevándose a cabo el despacho de la ejecución, satisfaciendo el importe al acreedor y ahorrándose el hecho de acudir a un juicio ordinario o verbal. Ahora bien, por el contrario también puede ocurrir que el deudor comparezca: a) por oposición (dará lugar a un juicio verbal u ordinario, según el caso); b) por pago.

Otros aspectos de relevancia que hay que destacar del procedimiento monitorio son los siguientes:

No es obligatoria la asistencia de abogado ni procurador. Aun así, se recomienda su asistencia, especialmente en aquellos casos donde la cuantía supere los 2.000 €, para que en caso de que el deudor compareciera, se desembocaría en un juicio verbal u ordinario donde sí sería preceptiva su asistencia.

¿Cuál es el tribunal competente?

En el caso del juicio monitorio nos encontramos ante un fuero imperativo, es decir, donde sí o sí se debe presentar la demanda en el juzgado que establece la ley, sin disfrutar de margen de libre disposición por las partes.

El art. 813 LEC establece que será exclusivamente competente el Juzgado de Primera Instancia del domicilio o residencia del deudor o, si este no fuera conocido, el del lugar donde el deudor pudiera ser hallado a efectos del requerimiento de pago.

Por lo tanto, en ningún caso serán de aplicación las normas de sumisión expresa o tácita que las partes hubieran podido pactar. Es decir, es importante tener en cuenta que por mucho que las partes, en el marco de su relación contractual (por ejemplo, en un contrato), hubieran pactado someterse a un tribunal concreto para resolver sus controversias, este no será el competente, sino que habrá que presentar la petición ante el Juzgado de Primera Instancia del domicilio del deudor.

Además, este aspecto también es importante porque en caso de presentar la petición al juzgado incompetente, esta no será admitida a trámite, sin embargo, se reservará al acreedor el derecho a instar de nuevo el procedimiento ante el Juzgado competente.

Y, por último, hay que añadir que la falta de competencia puede ser instada tanto de oficio, por el propio juez, como instancia de parte. Por tanto, de nuevo, por mucho que ninguna de las partes alegue la falta de competencia, el juez de oficio la pondrá de manifiesto, dictando un auto dando por terminado el procedimiento.

 

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