Derechos de imagen en un modelo profesional

En el sector audiovisual es recurrente la problemática en torno a la protección de los derechos de imagen y la propia personalidad. No hay demasiada discusión cuando la afectación de estos derechos fundamentales es por parte de una persona del todo ajena a la producción audiovisual o en el spot televisivo. Sin embargo, la cosa cambia totalmente cuando la persona afectada es un profesional que precisamente se dedica, en todo o en parte, a la explotación y comercialización de su propia imagen.

 

Recientemente, la Sala Primera del Tribunal Supremo ha dictado la sentencia 133/2021, de 9 de marzo, que aborda esta cuestión. De entrada recuerda que “la utilización de la imagen con fines publicitarios y comerciales está sometida a las exigencias de la Ley Orgánica 1/1982, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, de modo que es preciso el consentimiento de la persona, que puede ser revocado indemnizando los daños causados (arts. 2, 3 y 7.6).” Y en consecuencia afirma, recordando diversa jurisprudencia del mismo Tribunal, que “cuando la explotación comercial se haya producido sin consentimiento de la persona, bien porque no se haya prestado, bien porque se haya revocado, puede apreciarse intromisión ilegítima, pues la decisión sobre la explotación de la imagen corresponde a la propia persona

 

Ahora bien, y de ahí la relevancia de esta Sentencia del alto tribunal, en los supuestos en que la persona haya cedido la explotación de los derechos sobre su imagen como consecuencia de un contrato, además de la Ley Orgánica 1/1982 mencionada, habrá que atender especialmente el contenido e interpretación del mismo contrato. Es decir, en caso de discrepancia entre las partes, según el Supremo “la cuestión no está relacionada con la vulneración de un derecho de la personalidad, sino con la contraprestación que tiene derecho a recibir o a la indemnización por incumplimiento de contrato, aspecto puramente económico de la explotación de los derechos de imagen cedidos que es ajeno a la tutela de los derechos fundamentales”.

 

Es importante, pues, identificar bien una relación mercantil o profesional, en cuanto a la protección del derecho fundamental a la propia imagen. En TARBA asesoramos a las empresas del sector audiovisual en este y otros ámbitos, así como los profesionales que trabajan.

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